En el último tiempo las denuncias sobre casos graves de abuso policial que ha recibido esta Defensoría del Pueblo han aumentado considerablemente y es obligación de este órgano constitucional advertir sobre esta situación, para que no continúe ni se repita.

Esta investigación se propone entonces cooperar a una mejora en las prácticas policiales y a la generación de un estado institucional que evite la impunidad. El control sobre la actuación de las fuerzas de seguridad colabora a que su actuación se realice conforme la normativa vigente y en resguardo de los derechos humanos.

La única forma de combatir la delincuencia es el efectivo cumplimiento de los procedimientos y principios vigentes. De lo contrario, se generan más delitos y no prevención y sanciones.

En los casos en que se desata una persecución de delincuentes, es imprescindible que se respeten los derechos que la Constitución les otorga a todos los habitantes: derecho a la vida, a la integridad física y el derecho de defensa. Las fuerzas policiales deben cumplir con su deber constitucional de velar por la seguridad de todos los derechos, aplicar las leyes y desarrollar formas de acción preventiva no discriminatoria.

Es cierto que en los casos de las violaciones de derechos humanos atribuibles a las fuerzas de seguridad, la impunidad va de la mano con la dificultad de reunir las pruebas de cargo en razón del temor que sienten los testigos y las víctimas por las posibles represalias de que pueden ser objeto. Pero esta dificultad, que aumenta por el falso espíritu de cuerpo inspirado en años de prácticas contrarias a la ley y justificaciones fundadas en ideologías autoritarias, debiera superarse. Es fundamental que las investigaciones administrativas y judiciales se realicen con eficacia y profundidad, utilizando todas las herramientas que el sistema prevé para la investigación de faltas y delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Y es imprescindible que las fiscalías sean también sujetos activos en la defensa de la legalidad.

Desde esta Defensoría del Pueblo se ha manifestado en reiteradas oportunidades que es necesario romper con tradiciones que hoy son contrarias a la Constitución y a las leyes para restablecer la confianza en el Estado de Derecho, entendiendo que es imprescindible dar señales a la sociedad de que no hay lugar para la impunidad ni para la sospecha de la posibilidad de impunidad.

Debe destacarse el rol que han desempeñado durante estos años las organizaciones sociales y, en muchos casos, los familiares de las víctimas, que con persistencia, ayuda técnica y compromiso social han logrado modificar ciertos criterios de actuación.