Código Procesal Penal, para la ciudad

En la Sesión Ordinaria del jueves 29 de marzo, con treinta y dos votos favorables, la Legislatura porteña sancionó el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La norma, que había sido aprobada en general el 14 de diciembre de 2006, entrará en vigencia a los 180 días de su sanción.

El Código Procesal Penal de la Ciudad apunta a compatibilizar aspectos del sistema acusatorio como el respeto por las garantías del imputado, la intervención de la víctima, la celeridad procesal y la eficacia en la investigación.

La norma, busca la mejor resolución de casos contemplando instancias de mediación y composición del conflicto; prevé la participación de la víctima "como parte querellante con pleno ejercicio de la acción o como mero denunciante con derecho a ser informado y facultades para promover la revisión jerárquica del archivo".

La aplicación del nuevo Código permitirá a los jueces "conocer los conflictos en audiencia oral donde las partes deberán aportar los elementos probatorios pertinentes", con lo que también busca evitar la delegación de funciones por parte de los jueces y "devolver el conflicto a sus actores, con la participación directa de los sujetos involucrados, y, fundamentalmente, terminar con la substitución de la realidad por el expediente escrito e impersonal".

También prevé para la defensa un rol activo, con el deber de informar al imputado sus derechos de asistencia, la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo, cuestionar inmediata y directamente los actos de Ministerio Público Fiscal que afecten garantías constitucionales. También se garantiza el derecho a la libertad en el proceso, sólo restringido cuando pueda ponerse en riesgo la recolección de pruebas o haya peligro de fuga.

La diputada Silvia La Ruffa, presidente de la Comisión de Seguridad, explicó que "Estimamos que las causas que hoy la justicia nacional tarda dos años en resolver, en la ciudad serán resueltas en un año, aproximadamente", basándose en la experiencia acumulada tras la transferencia, también de la Nación a la Ciudad, de la potestad para juzgar los delitos de tenencia y portación de armas. "Cuando se efectuó ese traspaso, modificamos una ley para que el procedimiento fuera asimismo acusatorio. Como resultado, el sistema resuelve en tres meses los casos que antes demandaban entre 12 y 18 meses" y finalizó destacando que: "con el nuevo Código la Justicia atenderá casos en lugar de expedientes. La mayor cantidad de pruebas se producirán con grabaciones, con nuevas tecnologías o testimonios. No habrá hojas acumuladas".

www.info-almagro.com.ar (31/03/07)